¿CLARINCRACIA?

            Ley de obediencia debida. Ley de punto final. Ley de reforma el estado. Ley de privatización de YPF. Ley de Educación Superior. Ley de AFJPs. Ley “Banelco” de flexibilización laboral. ¿Cuántos millones de argentinos se opusieron a estas “niñas mimadas” del establishment? ¿Cuánto palo, cuánto gas lacrimógeno, cuánta sangre corrió? Y sin embargo, estas leyes se aprobaron y se aplicaron. Quienes las impulsaron y quienes las votaron defecaron sobre el abierto rechazo popular, generando despidos, salarios de miseria, desocupación, hambruna, represión, silencio… Hoy, la nueva ley de medios es el eje de la principal disputa política en la Argentina. Pero no por despertar la reprobación de millones de argentinos, sino por la resistencia de una sola empresa: el grupo Clarín.

El argumento real de Clarín para oponerse a la ley es que le hará perder mucho dinero, influencia social y espacios de poder político-económico. Pero, con el fin de paralizarla, Clarín debe presentarla no sólo como un peligro para la empresa sino como un serio riesgo para la sociedad toda. El argumento discursivo elegido es el del “ataque a la libertad de expresión”.

En efecto, en los últimos tiempos fuimos testigos de una guerra de spots sin precedentes: por un lado, el gobierno, defendiendo la ley y el artículo 161 de desinversión que debería entrar en vigencia desde el famoso “7D”. Por el otro, Clarín, advirtiendo sobre la dominación goebbeliana del kirchnerismo y jactándose de haber cultivado el espíritu crítico y libertario de la sociedad a lo largo de sus 67 años de historia. Si efectivamente Clarín llevó adelante tamaña cruzada contra los peligros del adoctrinamiento imperativo, y siendo el diario “más vendido… o el más comprado del país”, entenderá mejor que ningún otro medio que los argentinos están maduros para respetar la ley de medios y cualquier otra ley. Y que en este caso particular, están preparados para discernir si la ley de medios atenta o no contra la libre expresión de todos. Tal discernimiento sólo se podrá realizar con la ley en plena y total vigencia, con el artículo 161 incluído. Si efectivamente el pueblo interpreta que la ley atenta contra la libre circulación de información, entonces actuará en consecuencia, luchando por su anulación, como lo hicieron, por ejemplo, miles y miles de argentinos durante años contra las leyes del perdón. Una lucha que, por cierto, fue amablemente silenciada por Clarín y otros medios tradicionales; medios que paralelamente avalaban aquellas leyes que defecaban sobre el repudio popular. ¿Acaso Clarín no defendió la flexibilización laboral?

La ley de medios es una ley más, tan buena o tan mala como cualquier otra. La votó un Congreso elegido por la mayoría popular. La delineó el gobierno kirchnerista a partir de la discusión en plenarios populares y académicos en todo el país. Y, lo más importante, vino a suplir una ley de la dictadura. Nos cabe a los argentinos, y no a un solo grupo mediático, evaluar sus efectos. Esta es, en definitiva, la diferencia entre democracia o “clarincracia”.

                                               Gabriel Prósperi. Periodista.

                                               2 de noviembre de 2012.