Ley de
obediencia debida. Ley de punto final. Ley de reforma el estado. Ley de
privatización de YPF. Ley de Educación Superior. Ley de AFJPs. Ley “Banelco” de
flexibilización laboral. ¿Cuántos millones de argentinos se opusieron a estas
“niñas mimadas” del establishment? ¿Cuánto palo, cuánto gas lacrimógeno, cuánta
sangre corrió? Y sin embargo, estas leyes se aprobaron y se aplicaron. Quienes
las impulsaron y quienes las votaron defecaron sobre el abierto rechazo popular,
generando despidos, salarios de miseria, desocupación, hambruna, represión,
silencio… Hoy, la nueva ley de medios es el eje de la principal disputa política
en la Argentina. Pero no por despertar la reprobación de millones de
argentinos, sino por la resistencia de una
sola empresa: el grupo Clarín.
El argumento real de Clarín para
oponerse a la ley es que le hará perder mucho dinero, influencia social y
espacios de poder político-económico. Pero, con el fin de paralizarla, Clarín
debe presentarla no sólo como un peligro para la empresa sino como un serio
riesgo para la sociedad toda. El argumento discursivo elegido es el del “ataque
a la libertad de expresión”.
En efecto, en los últimos tiempos
fuimos testigos de una guerra de spots sin precedentes: por un lado, el gobierno,
defendiendo la ley y el artículo 161 de desinversión que debería entrar en
vigencia desde el famoso “7D”. Por el otro, Clarín, advirtiendo sobre la
dominación goebbeliana del kirchnerismo y jactándose de haber cultivado el espíritu crítico y libertario de la
sociedad a lo largo de sus 67 años de historia. Si efectivamente Clarín llevó
adelante tamaña cruzada contra los peligros del adoctrinamiento imperativo, y
siendo el diario “más vendido… o el más
comprado del país”, entenderá mejor que ningún otro medio que los
argentinos están maduros para respetar la ley de medios y cualquier otra ley. Y
que en este caso particular, están preparados para discernir si la ley de
medios atenta o no contra la libre expresión de todos. Tal discernimiento sólo
se podrá realizar con la ley en plena y total vigencia, con el artículo 161
incluído. Si efectivamente el pueblo interpreta que la ley atenta contra la
libre circulación de información, entonces actuará en consecuencia, luchando
por su anulación, como lo hicieron, por ejemplo, miles y miles de argentinos durante
años contra las leyes del perdón. Una lucha que, por cierto, fue amablemente silenciada por Clarín y
otros medios tradicionales; medios que paralelamente avalaban aquellas leyes que
defecaban sobre el repudio popular. ¿Acaso Clarín no defendió la
flexibilización laboral?
La ley de medios es una ley más,
tan buena o tan mala como cualquier otra. La votó un Congreso elegido por la
mayoría popular. La delineó el gobierno kirchnerista a partir de la discusión
en plenarios populares y académicos en todo el país. Y, lo más importante, vino
a suplir una ley de la dictadura. Nos cabe a los argentinos, y no a un solo grupo mediático, evaluar sus
efectos. Esta es, en definitiva, la diferencia entre democracia o “clarincracia”.
Gabriel
Prósperi. Periodista.
2
de noviembre de 2012.
El obelisco es tránsito. La plaza
es encuentro. El obelisco es festejo. La plaza es reclamo. El obelisco es
rotonda. La plaza es “ronda”. En el obelisco nada empieza, nada termina. En la
plaza todo empezó… Y todo puede terminar. El obelisco es la gente. La plaza es
el pueblo.
